También fija un máximo de dos mensualidades para la solicitud de una fianza para arrendar.
El Gobierno ha publicado en el BOE los cambios que afectarán al
mercado del alquiler, tras la aprobación el pasado viernes de esta nueva normativa que ya entrará en vigor esta semana. Lo más remarcable es el aumento de los contratos de arrendamiento que
pasan de 3 a 5 años. Asimismo las prórrogas automáticas serán anuales con un máximo de 5 años que será de 7 en caso de que el casero sea una sociedad.
También limita el
coste de las fianzas que deben ser de un máximo de dos mensualidades y fija los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato al arrendador. Unas medidas que pretenden reducir la
burbuja que vive el mercado del alquiler, sobre todo en grandes ciudades como
Madrid y Barcelona, localidad donde el precio se ha incrementado un 49%.
Derecho de tanteo
Con el firme propósito de proteger a los inquilinos, el Estado abre la puerta a que, en caso de venta de la vivienda, puedan acogerse al derecho de tanteo y
optar a la compra del inmueble. Un preámbulo para que las administraciones pongan límites a las grandes operaciones inmobiliarias.
Tampoco se posiciona respecto al alquiler turístico y confiere la regulación de esta
actividad turística a la normativa de cada Comunidad Autónoma. Sí permite que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre estos alquileres por 3/5 partes de los propietarios, en vez de por unanimidad. Eso sí, los propietario que realicen actividades turísticas deberán aportar un a mayor prestación a los
gastos comunitarios.
Finalmente, el ejecutivo también ha previsto una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para ofrecer una
mayor protección a inquilinos en situación de vulnerabilidad. El juez solicitará un informe a Servicios Sociales y podrá paralizar durante
un mes el proceso de desahucio, hasta que exista una solución habitacional a los afectados.
