23 de enero de 2018
La recuperación económica y la expansión del sector inmobiliario han permitido que los bancos reduzcan sus inmuebles.
Factores como la recuperación económica y, sobre todo, la expansión del sector inmobiliario han sido decisivos para que los bancos, superada ya la crisis de hace poco más de una década, hayan apostado por centrarse en su principal línea de negocio y, poco a poco, vayan reduciendo sus activos inmobiliarios.
Los bancos han estado esperando varios años a que se recuperaran los precios de la vivienda, para reducir su exposición al ladrillo. Según los expertos, se prevé un encarecimiento del precio de la vivienda entorno al 4,9% durante este 2018. Un dato que invita a inmobiliarias y a fondos a hacerse con los activos bancarios.
Pero los bancos también han decidido desprenderse de su carga inmobiliaria, tras conocerse los cambios que se van a introducir en la normativa contable internacional. Este nuevo reglamento obliga a las entidades bancarias a aumentar sus previsiones con fondos propios, con el firme propósito de ser más solventes en caso de posible caída del mercado en el futuro. El objetivo de esta nueva disposición reglamentaria es intentar evitar que en caso de nueva crisis económica los bancos sufran las consecuencias y puedan tener una provisión en torno al 13%.
En este sentido, durante este año los resultados de las entidades bancarias se verán afectadas por la desinversión inmobiliaria de forma positiva por la reducción de gastos y la recuperación de parte de su inversión.
Pese a que ha sido ahora cuando los bancos han decidido abandonar el ladrillo y centrarse en su línea de negocio tradicional, en nuestro país ya existía la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) que ha tenido una importante actuación como ‘banco malo’, para reducir los riesgos de las entidades bancarias en plena crisis económica. Desde 2012, la Sareb ha recibido cerca de 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros, el 80% de los cuales procedentes de entidades financieras, que podrá liquidar en un período máximo de 15 años.
